CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
AC972-2014
Radicación nº 11001-0203-000-2013-02920-00
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil catorce (2014).
Se decide el cambio de radicación que pretende Dorys Eugenia Álvarez Fajardo del proceso ordinario que adelanta María Aurora Rojas Pineda contra Luís Hernando Medina Mahecha, ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Fusagasugá.
ANTECEDENTES:
CONSIDERACIONES
Debe por lo tanto ser el producto de situaciones ajenas al despacho y no una simple manifestación de inconformidad frente a las decisiones tomadas para el impulso del pleito, para lo cual se cuentan con otros medios de contradicción o formas de protección, como son los incidentes y la recusación de los funcionarios
Esta figura excepcional, al decir de la Sala,
(…) se constituye en una medida de protección extraordinaria para evitar la lesión de la prerrogativa constitucional al debido proceso, y con el ánimo de que se cumplan los fines de prestar pronta y cumplida justicia, a quienes confían la solución de sus pendencias a las autoridades debidamente instituidas para ello (…) No obstante, su concesión no está sujeta al arbitrio o el querer de los participantes en el debate, ni se constituye en una oportunidad adicional para replantear situaciones propias del discurrir litigioso, como lo son la recusación del funcionario o la rehabilitación de etapas y oportunidades precluídas. Mucho menos para obtener por esta vía pronunciamientos favorables, respecto de los que, previa la necesaria y obligada contradicción, hayan sido adversos a sus aspiraciones (…) Este paliativo o remedio procesal, en consecuencia, sólo procede cuando en la sede del Despacho de conocimiento se evidencien: (…) a.-) Factores que puedan perturbar el orden público, la imparcialidad o la autonomía de la administración de justicia, las garantías en el trámite, o poner en riesgo la seguridad o integridad de los intervinientes (…) b.-) Deficiencias de gestión y celeridad de los procesos (CSJ AC de 5 de agosto de 2013, rad. 2013-00699-00, reiterado en el de 13 de septiembre de 2013, rad. 2013-01813-00).
No existe, por ende, la posibilidad de agotar etapas de decreto y práctica de pruebas, ni de permitir su contradicción, sin que ello quiera decir que las aducidas estén exentas de los condicionamientos que para su validez contemplan las normas adjetivas, pues, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».
Es así como señaló la Corte que los alcances de este tipo de actuaciones
(…) no constituyen una intromisión en el litigio, sino un amparo para taxativos casos de riesgo, que deben ser acreditados suficientemente desde su formulación, por lo que ni siquiera existe la posibilidad de practicar pruebas o admitir confrontaciones entre quienes se pueden ver afectados con el resultado" (CSJ AC de 2 de septiembre de 2013, rad. 2013-00699-00).
Anexa copia informal de lo siguiente:
Como lo señaló la Corte con anterioridad
Si bien el numeral 8° del artículo 30 del Código General del Proceso no establece concretamente quiénes pueden elevar la petición de cambio de radicación, salvo en cuanto advierte que también están facultados “el Procurador General de la Nación o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, lo que no admite discusión es que, como es una forma de proteger la imparcialidad, seguridad e integridad para “los intervinientes”, quien carece de tal calidad no puede reclamar su aplicación. (CSJ AC, 5 de agosto de 2013, rad. 2013-00699-00)
Es así como no se mencionan reparos por deficiencias o congestión en el Despacho de conocimiento, problemas de orden público, amenazas o factores de riesgo para los litigantes.
Tampoco se manifiesta de qué manera pueda incidir en la toma de las decisiones por el a quo, el que el opositor ocupe un cargo público, así sea el de mayor jerarquía en ese municipio, ni el que su abogado sea «activista comunitario».
El solo hecho de que se desempeñe autoridad por cualquiera de los litigantes, en nada repercute en la toma de decisiones por parte de los falladores, pues, es principio constitucional la independencia de las ramas del poder público, máxime cuando, si alguno de los intervinientes en el pleito es un administrador público, lo que está en juego son sus intereses particulares y no los de la comunidad.
Un descontento en los términos indicados no pasa de ser una especulación, que de ninguna manera justifica la mutación en el impulsor del proceso, por ser ajena a los principios inspiradores de la figura a que se acude.
Tiene dicho la Corporación sobre el particular que
(…) los fundamentos para promover dicha solicitud, deben ser externos al entorno fáctico y jurídico del proceso, como claramente lo evidencian las causas que le sirven de apoyo, las cuales aluden a hechos que pueden estar aconteciendo en el territorio o lugar donde se adelanta el juicio, o concernientes al funcionamiento del despacho judicial que conoce del mismo, o a situaciones que representan un peligro para la integridad de las partes (…) Las falencias persuasivas y la falta de peso de los argumentos propuestos, que se alejan de la realidad procesal para sustentarse en temores particulares, prevenciones o sospechas de uno de los contendientes, impiden la prosperidad de la alteración en el conocimiento de los pleitos en curso planteada (…) Si para la asignación de los debates a los diferentes despachos y tribunales existen reglas adjetivas, por tanto de obligatorio cumplimiento, que garantizan su fácil y libre acceso para las partes, una vez avocado el estudio por el funcionario correspondiente, únicamente se le puede privar del mismo por motivos de tal envergadura y gravedad, que pongan en riesgo el cumplimiento del deber de prestar pronta y cumplida justicia (…) Por ello la alteración que se procura, no puede ser resultado del querer de los litigantes, en atención a sus intereses particulares, o producto de los miedos infundados expresados por estos, derivados de la incertidumbre que les produce la reyerta" (auto de 18 de abril de 2013, rad. 2013-00477-00, citado en el de 5 de agosto de 2013, rad. 2013-00699).
Tal exposición constituye una diferencia entre el profesional y su cliente, que de ninguna manera puede interpretarse como una lesión de las «garantías procesales» de la promotora, ni mucho menos una afectación considerable del entorno en la solución de la disputa.
En pronunciamiento antes referido insistió la Corporación en que «[i]ndependientemente de la causal invocada, deben demostrarse a cabalidad los supuestos que la originan, pues, no es una medida que se aplica a conveniencia del solicitante sino para evitar diligenciamientos y fallos viciados, por graves anomalías ajenas al decurso normal del conflicto» (CSJ AC de 5 de agosto de 2013, rad. 2013-00699-00).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Negar el cambio de radicación pretendido.
Segundo: Advertir que contra este pronunciamiento no proceden recursos.
Tercero: Comunicar lo concluido al Juzgado Segundo Civil Municipal de Fusagasugá.
Cuarto: Archivar la actuación.
Notifíquese
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado